La Región de Los Lagos se ve sacudida por un caso de profunda indignación: las vejaciones sufridas por un trabajador con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en el Hospital Base San José de Osorno entre 2018 y 2020. Tanto el Ministerio de Salud (Minsal) como diversos parlamentarios han alzado la voz para condenar enérgicamente estos actos de tortura, calificándolos de “extremadamente grave” y “absolutamente inaceptable”. La víctima, conocida como Camilo, fue sometida a un calvario que incluyó ser atado contra su voluntad, rapado, quemado con un limpiador de vapor y objeto de humillantes simulacros, todo ello documentado en videos por sus propios compañeros de trabajo.
Indignación y Condena del Minsal
El Ministerio de Salud ha expresado su total repudio a los hechos ocurridos en el Hospital de Osorno. A través de sus redes sociales, la institución manifestó considerar la situación “extremadamente grave” y aseguró estar realizando un seguimiento riguroso de las acciones adoptadas por el Servicio de Salud de Osorno, tanto en el ámbito judicial como administrativo. Esta vigilancia busca garantizar que se apliquen las sanciones correspondientes y se prevenga la repetición de abusos de esta índole en cualquier centro de salud del país.
Acciones del Servicio de Salud de Osorno
El Servicio de Salud de Osorno y la dirección del hospital emitieron un comunicado tras la difusión de los perturbadores videos que evidencian los maltratos. En este, informaron que la actual administración, al tomar conocimiento del caso en 2024 y recibir nuevos antecedentes, procedió a reabrir un sumario. Este proceso disciplinario está actualmente en curso y, además, se presentó una denuncia ante el Ministerio Público para investigar la posible responsabilidad penal de los cuatro funcionarios presuntamente involucrados en los hechos.
Sin embargo, la dirección del hospital también anunció que presentará una denuncia por la filtración de los videos. Argumentan que el material, al estar en etapa de cierre de investigación, es de carácter reservado y su divulgación vulnera antecedentes confidenciales, afectando la honra y revictimizando a Camilo. Esta postura ha generado debate en torno a la protección de la víctima y la transparencia en el proceso.
Voces Parlamentarias que Exigen Justicia
El caso ha provocado una ola de condena transversal en el ámbito político:
- 🗣️ Subsecretaria Andrea Albagli: Se mostró profundamente indignada y solicitó que los responsables sean sancionados con la rigurosidad proporcional a la gravedad de los hechos.
- 👨⚖️ Senador Iván Flores (DC): Calificó a los agresores como “bestias abusivas” y exigió justicia con el “máximo rigor de castigo administrativo y penal”.
- 😠 Diputado Roberto Celedón (independiente): Tildó los hechos de “sadismo extremo” y “delitos de la mayor gravedad”, demandando la expulsión de los culpables de la administración pública y su denuncia criminal.
- 🚨 Diputado Patricio Rosas (presidente de la Comisión de Salud): Consideró “inaceptable” lo ocurrido y rechazó categóricamente los actos de violencia y tortura, instando a que sean investigados como delitos y sancionados con todo el peso de la ley.
- 🤝 Diputada Carolina Marzán (PPD): Como autora de la ley de autismo, condenó “categóricamente la denuncia” y anunció la activación de todas las medidas para exigir justicia ante lo que considera un “atentado a los derechos más esenciales”.
Detalles de la Brutal Agresión
Los videos difundidos revelan la crueldad de los actos sufridos por Camilo. El trabajador, un profesional adulto con Trastorno del Espectro Autista, llegó al hospital en 2018 para un reemplazo, pero su estadía se transformó en una “pesadilla” desde el inicio. Los funcionarios se ensañaron con él durante meses, grabando todas las agresiones que incluían burlas, risas y golpes. Camilo fue atado, rapado contra su voluntad y quemado con un limpiador de vapor por sus propios compañeros, evidenciando un patrón de acoso, tortura y situaciones “extremadamente denigrantes” al interior del recinto hospitalario.
Este lamentable suceso subraya la urgente necesidad de garantizar entornos laborales seguros y respetuosos para todas las personas, con un énfasis particular en la protección de los derechos de los individuos con discapacidad. Las autoridades de salud están comprometidas con un seguimiento exhaustivo para asegurar que se haga justicia y se evite la repetición de abusos similares en el futuro.