La Corte Suprema de Chile confirmó la sentencia contra la empresa salmonera Caleta Bay Mar SpA, imponiéndole una multa de 1.000 UTM (equivalente a varios millones de pesos) y la suspensión de sus operaciones por un ciclo productivo en el centro de cultivo Factoría, tras comprobarse la entrega de información falsa sobre la cosecha y la omisión de datos al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca).
Detalles del fallo de la Corte Suprema
- Multa: 1.000 UTM, que supera los varios millones de pesos.
- Suspensión: Un ciclo productivo completo en el centro de cultivo Factoría.
- Causa: La empresa reportó una cantidad de peces cosechados que no coincidía ni con los datos declarados al momento de la siembra ni con la mortalidad registrada durante el proceso productivo.
- Procedimiento: Sernapesca denunció los hechos ante el 1.º Juzgado Civil de Puerto Montt; la Corte Suprema ratificó las decisiones de primera y segunda instancia, confirmando la falsedad de la información entregada.
Reacción de Sernapesca
“Si bien es un proceso largo, hoy se encuentra firme y ejecutoriado y estamos muy conformes con lo resuelto por la máxima corte. Como servicio fiscalizador nos parece inaceptable que existan empresas que actúen incumpliendo la ley. Desde Sernapesca continuaremos fiscalizando la actividad acuícola de manera presencial, remota y documental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento estricto de la normativa vigente”, señaló Branny Montecinos, director regional subrogante de Sernapesca en Los Lagos.
Antecedentes de la empresa
- En 2016, Caleta Bay Mar SpA ya había sido multada con casi 70 millones de pesos por sobreproducción de trucha arcoíris en el estuario de Reloncaví, tras detectarse inconsistencias en los reportes oficiales y la omisión de peces no declarados.
- La empresa recurrió judicialmente, pero la Corte Suprema confirmó la sanción después de un largo proceso.
🔎 Impacto en la industria salmonera
La decisión refuerza la vigilancia y la fiscalización estricta en el sector acuícola chileno, enviando un mensaje claro sobre la necesidad de transparencia y cumplimiento de la normativa vigente. Las autoridades continúan supervisando la actividad mediante inspecciones presenciales, monitoreo remoto y revisión documental para prevenir futuras irregularidades.