La Subsecretaría de Salud Pública, Andrea Albagli, ha reiterado la enérgica condena del Ministerio de Salud (Minsal) ante el inaceptable caso de tortura y maltrato sufrido por un funcionario con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en el Hospital Base de Osorno. Los hechos, ocurridos entre 2018 y 2020, que incluyeron vejaciones como ataduras, rapado, quemaduras con vapor, burlas y humillaciones grabadas, han generado profunda indignación en la cartera de Salud.
Indignación y Acciones Inmediatas del Minsal
El Ministerio de Salud ha calificado los actos como “absolutamente inaceptables”, manifestando su rotunda condena. En respuesta a la gravedad de lo sucedido, se han tomado dos acciones cruciales:
- Se ha reabierto el sumario administrativo para una investigación exhaustiva, acogiendo los nuevos antecedentes que han salido a la luz.
- Se han entregado todos los antecedentes a la Fiscalía para que se investiguen como posibles delitos, asegurando que los responsables enfrenten las consecuencias legales.
La subsecretaria Albagli informó que la víctima ya no se desempeña en el Hospital Base de Osorno, lo que dificulta un contacto formal inmediato para implementar medidas de reparación. Sin embargo, el Minsal espera que las investigaciones determinen sanciones proporcionales a la gravedad de los hechos y se reserva la evaluación de medidas adicionales una vez que la justicia se pronuncie.
Condena del INDH y Contraloría General de la República
Paralelamente a las acciones del Minsal, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), a través de su Comité para la Prevención de la Tortura (CPT), ha condenado categóricamente estos actos de violencia. El CPT, que opera bajo la Ley 21.154 y el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, destacó cómo los prejuicios estructurales y la discriminación hacia personas neurodivergentes pueden crear ambientes laborales propicios para el abuso.
El INDH enfatizó la responsabilidad del Estado en garantizar espacios laborales seguros e inclusivos, no solo protegiendo a personas bajo custodia, sino también a todos los funcionarios públicos. Esta lamentable situación en Osorno subraya la urgencia de combatir los prejuicios sociales y promover una cultura de respeto y dignidad en todos los ámbitos.
Adicionalmente:
- La Contraloría General de la República ha anunciado que iniciará una investigación para determinar posibles responsabilidades administrativas dentro del hospital.
- El INDH ha formalizado una querella por tortura contra los cuatro funcionarios señalados como responsables de los abusos.
La respuesta institucional ha sido unánime y contundente, con una firme condena a los abusos, el impulso de investigaciones tanto judiciales como administrativas, y un llamado a implementar medidas efectivas para prevenir la repetición de hechos tan deplorables en el sistema de salud chileno. Este caso pone de manifiesto la necesidad imperante de reforzar la protección y el respeto de los derechos humanos en todos los entornos laborales, especialmente en aquellos que deben velar por el bienestar de las personas.