La Contraloría General de la República ha dictado una orden crucial que busca esclarecer y asegurar la legalidad en el sumario llevado a cabo en el Hospital Base San José de Osorno. Esta medida surge a raíz de un estremecedor caso de tortura y vejaciones sufridas por un extrabajador con Trastorno del Espectro Autista (TEA) entre 2018 y 2020, un hecho que ha conmovido profundamente a la Región de Los Lagos y a todo Chile.
Contraloría Interviene en Caso de Abuso Laboral
La decisión del ente contralor es someter a un control de legalidad extraordinario la resolución final del sumario interno del hospital. El objetivo principal es garantizar que cada paso del procedimiento se haya ajustado rigurosamente a derecho y que las sanciones impuestas a los responsables sean acordes a la gravedad de los hechos.
Los abusos sufridos por el extrabajador incluyen acciones inhumanas como haber sido atado, rapado, y quemado con vapor, todo ello sin su consentimiento, por parte de cuatro compañeros de trabajo. La gravedad de estas agresiones fue inicialmente subestimada en el sumario, que en primera instancia no impuso sanciones. Sin embargo, la reaparición de nuevos antecedentes, incluyendo evidencia audiovisual, llevó a la reapertura del caso en agosto de 2024, dando un nuevo giro a la investigación.
Avances en la Investigación y Posibles Responsabilidades
Actualmente, el sumario contra los funcionarios involucrados se encuentra en su etapa final. Según Héctor Alarcón, director (s) del Servicio de Salud Osorno, ya se ha establecido la existencia de los hechos y se han notificado las sanciones a los cuatro implicados. Los acusados tienen ahora un plazo legal para presentar sus descargos antes de que la resolución final sea remitida a la Contraloría para su toma de razón y posterior ejecución.
Es importante destacar que, aunque los agresores están suspendidos de sus funciones, no han sido desvinculados del hospital debido a que el sumario aún está en curso y la decisión final está pendiente. La Contraloría también investigará posibles responsabilidades administrativas de las jefaturas del centro asistencial, buscando determinar si hubo negligencia o falta de supervisión que permitiera que estos graves hechos ocurrieran y persistieran.
Reacciones y Demandas de Justicia
El caso ha provocado una fuerte condena por parte de diversas organizaciones de derechos humanos.
- El Comité para la Prevención de la Tortura (CPT), organismo dependiente del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), ha manifestado su rotundo rechazo a lo ocurrido.
- El CPT ha enfatizado la necesidad de erradicar cualquier forma de discriminación y estigmatización hacia personas neurodivergentes en todos los ámbitos laborales.
- Subrayó, además, la responsabilidad ineludible del Estado en la protección de la integridad y dignidad tanto de los usuarios como de los funcionarios públicos.
Por su parte, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha presentado una querella en el caso, solicitando la aplicación del Protocolo de Estambul. Este protocolo es una guía esencial para la investigación y documentación efectiva de casos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
Impacto y Necesidad de Cambios
Este lamentable episodio ha puesto de manifiesto graves deficiencias institucionales y la urgente necesidad de implementar reformas significativas para asegurar ambientes laborales seguros y respetuosos en Chile. Especial atención se requiere para garantizar la protección y el respeto de los derechos de las personas con discapacidad.
La comunidad de Puerto Varas, Llanquihue y Puerto Montt, y en general toda la Región de Los Lagos, espera con expectación la decisión final de la Contraloría. Esta resolución no solo determinará la ejecución de las sanciones correspondientes, sino que también establecerá las posibles responsabilidades administrativas en el Hospital Base San José de Osorno, marcando un precedente fundamental en la lucha contra los abusos laborales y la protección de los derechos humanos.