La comunidad de Puerto Varas y la Región de Los Lagos se encuentran consternadas tras revelarse los nombres de cuatro funcionarios del Hospital Base de Osorno, quienes habrían torturado y vejado a un compañero de trabajo con Trastorno del Espectro Autista (TEA) entre 2018 y 2020. Lo más indignante: tres de los implicados, identificados como Rodrigo Reyes Melo, Erardo Gallardo Alarcón y Jhonatan Navarro Guerrero, continuaron recibiendo sus sueldos íntegros hasta julio de 2025, a pesar de estar “suspendidos” y sin asistir a sus labores.
Revelan Identidades de Agresores y Detalles de los Ultrajes
Los registros gráficos y audiovisuales de los abusos sufridos por la víctima, Camilo (nombre modificado para proteger su identidad), impactaron profundamente a nivel nacional. Las torturas incluían:
- 🪒 Rapado forzado de cabello.
- 🔥 Quemaduras con vapor en distintas partes del cuerpo.
- 🔗 Inmovilización y asfixia.
- 👊 Golpes y amenazas.
- 🤕 Fractura en el dedo anular, presuntamente causada por Jairo Báez Huaiquián, el cuarto implicado.
Todos los agresores eran ingenieros informáticos, compañeros de Camilo en el hospital, y se burlaban de él mientras grababan los vejámenes.
Impunidad Inicial y Reacción Institucional
A pesar de las denuncias presentadas en 2021 y un sumario interno, las sanciones iniciales fueron mínimas. El director (s) del Hospital de Osorno, Julio Vargas, explicó que la continuidad de los sueldos y la “suspensión” de los funcionarios se amparaba en el estatuto administrativo, impidiendo su desvinculación antes de la toma de razón de Contraloría. Sin embargo, tras la difusión masiva de los hechos:
- 🚨 Detenciones: En septiembre de 2025, la Fiscalía y la PDI detuvieron a tres de los acusados; uno aún permanece prófugo.
- 📄 Destituciones: El Ministerio de Salud confirmó la destitución definitiva de los cuatro funcionarios.
- ⚖️ Formalización: Se programó para la primera semana de septiembre en el Juzgado de Garantía de Osorno.
La Voz del INDH y la Sociedad Civil
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), a través del Comité para la Prevención de la Tortura (CPT), condenó enérgicamente estos actos, señalando que reflejan una profunda discriminación hacia personas neurodivergentes. El CPT enfatizó la responsabilidad del Estado en garantizar ambientes laborales seguros e inclusivos.
Organizaciones gremiales y sindicatos de trabajadores también expresaron su indignación por la demora en la respuesta institucional, exigiendo acciones más enérgicas para proteger a las víctimas y sancionar a los agresores.
¿Qué implica un ambiente laboral inclusivo?
Un ambiente de trabajo inclusivo y libre de discriminación es esencial para el bienestar y desarrollo de todos los colaboradores. Esto se traduce en:
- 🤝 Respeto: Valorar las diferencias individuales.
- 🗣️ Comunicación Abierta: Espacios seguros para expresar inquietudes.
- 🚫 Tolerancia Cero: Ante cualquier forma de acoso o discriminación.
- 🧠 Adaptaciones Razonables: Para personas con diversidad funcional.
Este lamentable caso resalta la urgencia de fortalecer los protocolos de protección y sanción ante el maltrato laboral, especialmente en entornos donde la vulnerabilidad es un factor presente. La comunidad espera que este proceso judicial marque un precedente y asegure que hechos como estos no se repitan en la Región de Los Lagos ni en el país.